Odio

Ayer vi circulando por Tuiter una gráfica interesante. Trataba sobre los delitos de odio cometidos en España en 2019. Resulta que la tasa de estos delitos por cada cien mil habitantes muestra que Cataluña, Melilla, Navarra y el País Vasco, por ese orden, son las comunidades autónomas españolas donde más se odia; por contra, es en Extremadura, Murcia y La Rioja donde menos denuncias por este tipo de hechos se registran. Dividido el dato por provincias la cosa se aparece más esclarecedoramente todavía: tres de las cuatro provincias catalanas (Gerona, Tarragona y Lérida) forman el podio de los peores datos de España por cada cien mil habitantes, seguidas de Ávila, Cuenca, Barcelona, Melilla, Orense (que, por lo visto, lleva recibiendo desde hace tiempo parte del aluvión del éxodo venezolano), Álava y Vizcaya. O sea, dos de las tres provincias vascas y como digo, todas las catalanas, están entre las diez provincias de España donde más se odia. 6 de 10. No es un mal dato. Más de la mitad de los delitos por odio denunciados en España se agrupan en las dos regiones gobernadas desde siempre por el nacionalismo antiespañol, las que históricamente más dinero e inversiones públicas y privadas han concentrado en los últimos cien años y las más politizadas de todas. Es decir, en Cataluña y el País Vasco, regiones que desde hace 150 años presumen en todos los órdenes de la vida pública y privada de ser la vanguardia moral, intelectual y política de una España vieja, casposa, apolillada e inferior, de la que pugnan por fugarse (cuando se acabe, naturalmente, la leche de la gran ubre española, de la que me parece va quedando ya el calostro, de ahí la reciente aceleración en el proceso de centrifugación que estamos viviendo), y regiones donde la derecha, a nivel político y sociológico, lleva décadas excluidas del espacio público (cuando no, aniquilada físicamente) es donde la convivencia, la expresión pública de ideas, credos y preferencias, resulta, estadísticamente, más difícil. Y peligrosa.

Son datos del Ministerio de Interior. En el despiece de los mismos sigue habiendo cosas interesantes. En España se denunciaron 1706 delitos de odio en el año 2019, casi un 7% más que en 2018. Se odia más a los hombres (un 64% de las denuncias registradas) que a las mujeres (un 35%) y se odia, sobre todo, a los nacionales: un 72,3% de las denuncias son interpuestas por españoles, un 12,2% por africanos (marroquíes y senegaleses mayoritariamente) y un 9,6% por americanos (venezolanos y colombianos). El grueso de las denuncias tienen que ver con el racismo, la xenofobia, la ideología, la orientación sexual “e identidad de género” y el sexo. Se denuncian, sobre todo, lesiones, amenazas y daños, aunque hay casi el doble de hombres que denuncian discriminación, injurias y daños en vehículos, que mujeres. Hay algunas más asimetrías curiosas: el 100% de las denuncias por aporofobia son de hombres y el 60% de las relacionadas con el antisemitismo, de mujeres; porcentualmente, las mujeres sufren más delitos de odio generacional y por sexo/género, mientras que los hombres sufren el 75% de los delitos por discriminación por causa de enfermedad y también el 75% de los delitos por antigitanismo. En ambos casos, las víctimas de estos delitos se concentran mayoritariamente en la franja de edad comprendida entre los 26 y los 40 años, o ampliando el foco, entre los 18 y los 50.

¿Y quién comete estos delitos? Según el informe de Interior, un 84,7% de los denunciados son españoles; un 6,1%, africanos (marroquíes y argelinos); un 4,1%, americanos (colombianos y dominicanos); un 2% procede de la Unión Europea (rumanos, búlgaros y lituanos, mayoritariamente) y un 1,4%, de Asia, paquistaníes, principalmente. Estos hombres pertenecen notablemente a la franja de edad comprendida entre los 18 y los 40 años, aunque hay una buena porción de menores denunciados (83 de 590). Las mujeres detenidas o investigadas por delitos de odio, unas 100, son acusadas, mayoritariamente, de discriminación por causa de sexo o género, por racismo, xenofobia y por causa ideológica.

Según el Observatorio de la Inmigración del Gobierno, en Cataluña, que concentra cuatro de las diez provincias donde más delitos de odio se han registrado (y las tres primeras), viven 222.483 marroquíes, a 31 de diciembre de 2020. Marroquíes son, recordemos, los segundos en porcentaje de población tanto en víctimas de delitos de odio como en acusados, detenidos y/o investigados. En Gerona, Barcelona y Tarragona, los marroquíes son los inmigrantes más numerosos, según el padrón. En el País Vasco, que agrupa por su parte dos de las diez provincias con más delitos de odio registrados en 2019, viven 17.409 marroquíes, el segundo grupo de población extranjera más numeroso después de los 26.663 rumanos empadronados allí. Los rumanos son, según los datos de Interior, el tercer grupo nacional con más denunciados, detenidos y/o investigados por delitos de odio. En Melilla, que es el segundo territorio español con mayor número de delitos de odio registrados en 2019, el 24% del padrón tiene origen extranjero, abrumadoramente marroquí (12.960 de una población total de 84.619 habitantes).

De estos datos se pueden hacer algunas observaciones rápidas. Al principio de esta semana se vivió un nivel de presión propagandística espantoso en las redes sociales, así como en las calles, con motivo del vil asesinato tumultuario de Samuel Liz en La Coruña, del que la izquierda política, mediática y sociológica hizo responsable de inmediato a VOX. La opinión pública ha sido sospechosamente unánime en condenar el “discurso de odio” de VOX con respecto a la violencia doméstica, “lo LGTBI” y la cuestión homosexual, como artífices, digamos, ideológicos, de las patadas y puñetazos que acabaron abyectamente con la vida del joven coruñés, de cuyos responsables no tenemos aún noticia visual en los magazines televisivos ni en los telediarios. VOX es “la gran amenaza de la democracia” para los flabelíferos del bulldozer mediático-intelectual español. No descarto que pronto se proponga su ilegalización, no en vano desde su emergencia como fuerza política nacional de consideración se trata de equipararlos moralmente al brazo político de ETA.

Esto es ante todo muy curioso, sobre todo contrastado con los hechos. En toda Galicia, por ejemplo, la presencia de VOX en las instituciones municipales, provinciales y autonómicas es nula. Y qué decir del País Vasco. Se ha hablado mucho, desde 2018, de andaluces y murcianos, principalmente, de manera despectiva, por supuesto: la élite “cultural” que controla el grueso de los medios de comunicación se mofa de estas dos regiones por ser las que, junto con Madrid, han alumbrado los primeros gobiernos, si no de coalición, al menos de sociedad o inteligencia entre el PP y VOX. El hasta hace poco vicepresidente del Gobierno y jefe de uno de los dos partidos en el poder en La Moncloa declaró hasta la alerta antifascista por la presencia de VOX en el parlamento de Sevilla. Mirando los datos, tanto de Andalucía como de Murcia, la población de origen marroquí en esas comunidades es bien notable, pero sólo las provincias de Cádiz y de Huelva registran una tasa de delitos de odio sensible (la mitad, empero, que las provincias de Gerona y de Lérida, donde la presencia política del nacionalismo catalán en sus variantes izquierdista y conservadora es abrumadora). Con respecto a Cataluña, año y medio antes de que VOX entrase por primera vez en su parlamento autonómico (con una representación exigua comparada con la dominante en aquella asamblea), el mismo informe de Interior revela algo muy importante: del total de delitos de odio denunciados en España en 2019, una notoria mayoría ocurrieron en la vía pública, en “otras instalaciones/recintos” y en viviendas, establecimientos de hotelería, restauración, ocio y “otros”. De ellos, 199 tuvieron lugar en octubre. ¿Y qué pasó en octubre en cuatro de las diez provincias españolas donde más se odia? Pues que desde el 14 hasta el 18 de ese mes, los partidos que sustentaban al entonces gobierno de la Generalidad presidido por Torra, núcleo de los cuales sustentaban también (y sustentan todavía) al Gobierno de la Nación, incendiaron las calles de las principales ciudades catalanas tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables del golpe de Estado de la Generalidad catalana en 2017.

Me acuerdo del título del libro de Foster Wallace. España es una broma infinita.

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