Así muere una democracia

En España están ocurriendo cosas asombrosas, inauditas pero no por ello inesperadas. La deriva despótica del Gobierno de coalición socialista y podemita acelera la degradación material del país. La degradación moral de España, como suele suceder en estos casos, es muy anterior y resulta condición sine qua non de la catástrofe económica, sanitaria, judicial y en último término, política. Es imposible no tener ya la convicción de que todo lo que decreta el Gobierno de la nación tiene como objeto el empobrecimiento deliberado de la población. El drama es que no hay contrapesos. Los gobiernos de taifas autonómicos están llenos de Nevilles Chamberlains, sin importar el color azul o naranja. A vasconavarros y catalanes ni los cuento, directamente son basura golpista, algunos con antecedentes, otros in potentia. La Constitución de 1978 no es la estadounidense y los problemas estructurales han sido explotados con extraordinario vértigo por los actuales detentadores del poder Ejecutivo, quienes sencillamente se han limitado a hacer lo que nadie creía que se podía hacer, sin escrúpulo alguno. O debería decir por los detentadores de los poderes Ejecutivos, porque aquí hasta el presidente regional más tonto aprovecha para meterse hasta la cocina en la vida de los ciudadanos a cuenta de la «alarma sanitaria». Se está llevando al colapso a toda una sociedad en base a evidencias científicas, informes técnicos y opiniones de expertos que nadie conoce, que son mentira, que se niegan a enseñar y que hay que creer porque sí, como artículos de fe. La única raya por el momento está en la inviolabilidad del domicilio, y a ver cuánto es lo que dura. No hay oposición porque su jefe se ha entregado sin condiciones al juego obsceno de un Gobierno amoral que exige adversarios rendidos de antemano, dóciles, mansos, manejables. Exige sumisión. Y la obtiene. Del pueblo, por ejemplo, exige sangre, sudor y lágrimas, pero siempre, por supuesto, sin la hombría de pedírselo con claridad, directamente, pues el aventurero cínico y oportunista de mil caras (ninguna verdadera) que lo preside y el histrión bolchevique y malvado que lo secunda han completado con maestría la obra de tratar a los ciudadanos como súbditos a través de un lenguaje propio del que se utiliza con los niños y con los tontos. El problema de fondo, que diría Federico Jiménez Losantos, es que el español medio suele ser, como dice Hughes, un español de telediario que quiere látigo, que está espiritualmente preparado para una dictablanda o «dictadura posmoderna» según los cánones de hoy. Pero el espectáculo empieza a resultar tan obsceno que recuerda a aquel episodio mitológico de la Revolución Francesa, cuando María Antonieta se quejaba de no poder comer dulces mientras el pueblo de París no tenía ni harina para hacer mal pan. Toda una atmósfera de irrealidad envuelve la vida nacional, un ambiente psicodélico de restaurante de moda de Petrogrado en enero de 1917. Algo que el coronavirus ha puesto de manifiesto de forma descarada es la existencia en España de una casta extractiva, la política, que montada sobre la grupa de una élite periodística y empresarial cómplice e infame exprime a fondo los menguados y menguantes recursos de la nación transformando el Estado en una satrapía construida contra la mayoría de la población. Puesta al límite de sus vidas, la gente observa impasible cómo esa élite dirigente le impone medidas draconianas e inmorales que ella es la primera en saltarse sin ningún pudor. El parlamento se ha quedado para pintar monas y desvestir al santo de la democracia. No pasa nada pues en este país se traga con todo: el número de escándalos en los que está involucrado el Gobierno desde enero es tal que supera la cuenta que hacen los mahometanos con los nombres de Alá. La usurpación de la soberanía nacional, de donde emanan todos los poderes del Estado, es absoluta y la foto del evento de El Español de ayer lo demuestra: no puede haber autoridad legítima cuando se viola flagrantemente la igualdad ante la ley y cuando se gobierna contra el pueblo desde todos los estamentos de la administración pública. La alienación es total. Se viven dos realidades, como si se dijera dos dimensiones paralelas: por un lado, la inmensa y silenciosa mayoría de personas cuyas vidas están a pique de irse a tomar mucho por culo; por el otro, unos intocables. Denunciar esto es populismo y radicalidad, pero se olvidan que un radical es alguien que va a la raíz. Yo no paro de recordar el artículo 35 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Pero supongo que esto no es más que una pataleta, al fin y al cabo aquí nadie es Juan de Arco, empezando por mí mismo. Imagino no obstante que por algún lugar habrá que empezar. Y si ni siquiera se nos deja honrar a nuestros muertos entiendo que sería hora de dejar de pagar impuestos.